Mucho se está hablando, estos días, en los diferentes medios de comunicación, acerca de los diferentes tipos de vivienda que hay en nuestro país: viviendas públicas, protegidas, libres, locales comerciales que se transforman en viviendas, viviendas de uso turístico, etc.
El elevado precio de este bien de primera necesidad, está incrementando la tensión entre la ciudadanía, que tiene dificultad para poder adquirir una vivienda, pagar su alquiler o llevar a cabo – en el caso de los más jóvenes- la emancipación del hogar familiar.
Nos dice la RAE, que vivienda es “un lugar cerrado y cubierto, construido para ser habitado por personas”. Y, hasta ahora, hablábamos de forma genérica para referirnos al concepto de vivienda; pero, últimamente, empiezan a aparecer otras formas de habitar o convivir en estos espacios: el coliving, los pisos compartidos, el alquiler de habitaciones, etc.
En el fondo, se está poniendo de manifiesto que, probablemente, hemos olvidado que la vivienda es un derecho de toda persona humana, necesario para que pueda vivir con dignidad, como lo son también: alimentación, trabajo, educación y acceso a la cultura, salud, etc. Y esta declaración, como derecho esencial, ha sido formulada por la Iglesia en su Magisterio Social, ya en tiempos de S. Juan XXIII, como un “derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida”. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, ya recoge alguna de las situaciones que estamos viviendo, en el momento presente: “…somos testigos del incremento de una preocupante divergencia entre una serie de nuevos «derechos» promovidos en las sociedades tecnológicamente avanzadas y derechos humanos elementales que todavía no son respetados en situaciones de subdesarrollo: pienso, por ejemplo, en el derecho a la alimentación, al agua potable, a la vivienda…”. El papa Francisco, en una de sus encíclicas más conocidas, afirmaba que “La falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades (…). No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufren serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias”.
No es difícil encontrar, bajo los diversos puentes que comunican las dos partes de la ciudad de Zaragoza, personas sin hogar que tienen que vivir en casas de cartón, ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda, que les devuelva la dignidad perdida por la calle, la falta de trabajo, la esperanza o la exclusión de una sociedad, que prefiere mirar hacia otro lado, antes que afrontar el incremento del número de personas sin un techo donde poder cobijarse. Los graves problemas para acceder a la vivienda son estructurales y afectan a personas de todas las edades, estructuras familiares e incluso niveles de ingreso, pero se agrava con las personas migrantes y refugiadas, a quienes esta situación les está golpeando con mayor intensidad debido a que son personas en situación de mayor vulnerabilidad. Cuando se está en contacto directo con estas personas, se descubre todo el submundo de explotación al que se ven sometidos, debido a su situación irregular en nuestra sociedad: pagos de dinero para poder empadronarse en una vivienda, familias viviendo en una habitación en régimen de realquiler, camas compartidas y alquiler de sofás, etc.
Y, ante esta realidad, podemos seguir pensando que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, o que esta situación escapa a nuestra misión como cristianos y como Iglesia, aunque hayamos visto y oído que la Doctrina Social de Iglesia se ha manifestado y pronunciado claramente, en el pasado y, más recientemente, a través de diferentes cartas, comunicados y posicionamientos en la calle, junto a otros colectivos sociales y ciudadanos.
Son muchas las acciones, actitudes y presencias que, como Iglesia, se podrían difundir entorno a la realidad problemática de la vivienda. Hoy presento la postura de Cáritas España, como testimonio de compromiso con las personas que sufren la carencia de este derecho humano.
Cáritas propone la adopción de políticas públicas que hagan efectivo el Derecho Humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de desalojo.
? Para hacer posible su efectividad, ha de procederse a la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler; considerándola como equipamiento público y para ello, reservando importantes porcentajes de suelo con uso dotacional. Dentro de estos parques de vivienda ha de contenerse escalas suficientes de vivienda social para personas y familias vulnerables (sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido).
? Reforma del procedimiento de desalojo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para mayor protección de hogares vulnerables en aplicación de Dictámenes y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.
En definitiva, se pide el acceso, el disfrute y la garantía del derecho humano a la vivienda adecuada y digna para personas/familias en situación de exclusión social, sin distinciones de ninguna clase.
Si en nuestra Casa, hay diferentes moradas que están cerradas, vayamos, abrámoslas y preparémoslas para acoger a quienes hoy no tienen un techo donde vivir.
1 Cf. GS 26b.
2 PT 11.
3 CDSI 365.
4 LS 152.
