La ideología de género ha encontrado un nuevo cauce para ganar espacio en la sociedad: las leyes LGTB (acrónimo de lesbianas, gays, transexuales, y bisexuales). Hay once Comunidades Autónomas que han aprobado textos de este tipo desde que en 2014 Galicia diera el primer paso. En Aragón se está tramitando en estos momentos un proyecto de ley, y a nivel nacional se ha aceptado a trámite una proposición de ley sobre esta materia.
¿Para qué se aprueban estas leyes? En principio, pretenden logar la igualdad entre todas las personas con independencia de su sexo o identidad sexual, sin que pueda haber discriminaciones por este motivo. Si todo quedara ahí, nada habría que objetar. Sin embargo, surgen algunos problemas que hacen que ese planteamiento sea capcioso. El primero es que estas normas no son necesarias, pues con la simple aplicación de la Constitución y las normas que ya tenemos, se puede lograr perfectamente esa igualdad.
En segundo lugar, establecen un amplio abanico de privilegios en favor de un concreto colectivo de personas (los LGTB) que no tienen los demás. Estos últimos que, paradójicamente son la inmensa mayoría de la población, pasan a convertirse de este modo en los nuevos discriminados.
Aparece otro aspecto de amplio calado. Se trata de que los poderes públicos quedan obligados a hacer propia y
fomentar la ideología de género, que es la base que fundamenta el contenido de estas leyes. Esto supone una lesión frontal a la debida neutralidad religiosa e ideológica que debe presidir la actuación de los poderes públicos en virtud del artículo 16 de la Constitución. No es legítimo que asuman la obligación de fomentar un conjunto de conductas basadas en un sistema ideológico determinado (sea la ideología de género como podría ser cualquier otro), y garantizar su visibilidad. No olvidemos, además, que este deber de fomento de la realidad LGTBI llega a todos los campos de la sociedad: desde la educación, a los deportes, hasta la sanidad, pasando por el funcionamiento de las empresas y la contratación y otorgamiento de subvenciones de la Administraciones públicas, todo ello bajo un importante régimen de sanciones para quien no cumpla el contenido de estas disposiciones.
Se trata de una cuestión de una insondable trascendencia que merece conocerse adecuadamente y reflexionar sobre ella. Tanto es así que ha sido objeto de atención en la 110ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que ha tenido lugar del 20 al 24 de noviembre, sobre la que encontramos información directa aquí. El propio concepto de ser humano está en juego. A todos nos corresponde defender la verdad.
