Estamos en pleno período de realizar la declaración de la renta, momento de ajustar cuentas con Hacienda. Como cada año, nos encontraremos con las dos casillas que permitirán a cada contribuyente –si así lo desea- destinar un 0,7% de la cuota líquida del IRPF a la Iglesia católica, y otra casilla para destinar un porcentaje similar a otros fines sociales. Es lo que se denomina la “asignación tributaria”. Puede marcarse una sola, las dos, o ninguna. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que marcar estas equis no supone que se va a pagar más a Hacienda. Cada cual va a entregar exactamente lo mismo. Se trata solo de poder decidir si una parte (el 0,7%) de esa cantidad que indefectiblemente va a tener que desembolsar va a la Iglesia y/o a otros fines.
Podría entenderse que esto es un privilegio de la Iglesia, pero este mito cae por sí solo si tenemos en cuenta algunos datos. En primer lugar, se trata de un sistema de financiación que pactaron en 1979 el Estado y la Santa Sede, perfectamente legal y constitucional. Por otra parte, cuando el Estado tramitó en 1992 los correspondientes acuerdos de cooperación con las federaciones evangélicas, musulmanas y judías, les ofreció la posibilidad de tener su propia casilla pero, por diferentes motivos, esta idea no salió adelante. Por tanto, aunque no hay uniformidad en el sistema de financiación –es verdad que son modelos distintos para unas confesiones u otras-, no podría sostenerse que hay desigualdad, pues esa misma posibilidad se les ofreció a todas para que decidieran libremente lo que deseaban. De hecho, en tiempos más recientes se han llevado a cabo negociaciones para permitir el acceso a la asignación tributaria a algunas de estas confesiones, pero no ha cristalizado aún en nada concreto. Eso es algo que tendrán que acabar de definir con el Estado, que es el responsable. De hecho, en otros países como Italia se permite que el contribuyente destine un porcentaje de su IRPF a varias confesiones religiosas, ONG, o partidos políticos. En tercer lugar, desde el año 2004 existe la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia, destinada a financiar actividades realizadas por las confesiones con acuerdo de cooperación o que tengan la declaración de notorio arraigo.
Por último, resulta interesante tener en cuenta que la Conferencia Episcopal, a través de la Memoria de actividades que publica cada año y de su Portal de Transparencia, da buena cuenta de lo que recibe… y de lo que da, que suele estar multiplicado (aparte, claro está, de lo fundamental: los beneficios espirituales para los fieles y todo tipo de personas, pero eso es algo que no se paga con dinero). Solo en el ámbito educativo, está demostrado que cada euro invertido revierte a la sociedad 4,1 euros. Parece que los españoles poco a poco vamos dándonos cuenta del valor de todas las actuaciones de la Iglesia, o al menos así parece desprenderse de un dato como es que, en el último año, han marcado la equis de la Iglesia 650.000 personas más que hace diez años. Aun así, no está todo hecho. No debemos olvidar que, según el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 antes mencionado, la Iglesia aspira en España a autofinanciarse. ¿Estamos todos los fieles concienciados de este dato y de que el sostenimiento económico de la Iglesia depende de todos? Esto es otra cuestión.
