En un día como hoy, 25 de junio de 2021, no podemos dejar de tener presente que entra en vigor la Ley de regulación de la eutanasia, un paso más en el camino de la instauración de la ya conocida como “cultura dela muerte”. Según explica en su exposición de motivos, la conversión de la eutanasia en un derecho responde, entre otras causas, a una “demanda sostenida de la sociedad actual”. En realidad, no parece que –más allá de algunos casos concretos que han adquirido resonancia mediática- pueda constatarse que el derecho a solicitar la muerte haya sido una cuestión objeto de preocupación a nivel general. Es cierto que al común de los ciudadanos le importa su situación cuando se encuentre en un proceso irreversible de muerte, máxime si se prolonga en el tiempo y va acompañado de sufrimiento moral y físico. Pero la soluciones que vienen a la mente en primer lugar suelen ser las de evitar esos dolores, recibir asistencia espiritual, estar acompañado por sus familiares y amigos… es decir, acompañamiento y cuidados paliativos, pero no que a uno le maten. Por eso resulta curioso que las Cortes, en lugar de fortalecer los cuidados paliativos, se haya encargado de regular la eutanasia. En definitiva, ha optado por la vía fácil, barata, que menos compromiso supone, y que puede venderse bien apelando al sentimentalismo, el buenismo, y al supuesto progresismo que supone ampliar derechos con independencia de que estos sean tales.
Por otra parte, tampoco ha habido un debate social –ni científico, ni de ningún tipo- que haya acompañado a esta ley. Antes bien, se ha tramitado con evidente celeridad, en plena pandemia y estando en vigor el estado de alarma, lo que ha impedido el debate necesario para un asunto tan delicado como este. A ello debe unirse que instituciones como el Comité Nacional de Bioética de España ha considerado –en un informe aprobado por unanimidad sobre esta ley- que “existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales, para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública […]. Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”. Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos ha lamentado expresamente que en ningún momento de la tramitación se les haya pedido su opinión (me pregunto entonces dónde ha estado el debate social y profesional),y ha mostrado su preocupación por distintos aspectos regulados en esta norma.
La aprobación de normas como esta, que parecen contentar solo a un porcentaje ínfimo de la sociedad y tienen en contra el sentir ampliamente mayoritario, nos muestran una que se imponen nuevamente los criterios de conveniencia política y colgarse la medalla de un buen titular de prensa. No ha habido razones suficientes que justifiquen su aprobación. Más bien al contrario, el respeto a la dignidad humana, la salvaguardia de los derechos fundamentales de la persona y del correcto ejercicio de la profesión médica, el afianzamiento los valores que fundamentan la sociedad y la justicia, exigirían que esta ley nunca se hubiera sancionado. Si a esto añadimos hechos recientes que muestran que se premia a los terroristas y se indulta a otro tipo de criminales que no se arrepienten y anuncian que volverán a comentar los mismos actos, nos damos cuenta de que se está provocando el resquebrajamiento de las bases de la sociedad y la convivencia. Se están poniendo del revés las bases que sustentan la sociedad. Se trata de algo serio con lo que no se puede jugar. La pregunta que podemos hacernos es hasta cuándo se seguirá soportando esta situación.
