El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la publicación de un listado de todos los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por parte de la Iglesia entre 1998 y 2015. Las diócesis aragonesas viven este momento con “tranquilidad absoluta” y “argumentos jurídicos contundentes”. Solo piden que se respeten los principios de legalidad y de no discriminación.
Que el Ministerio de Justicia esté elaborando un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica –es decir, inscritos en el Registro de la Propiedad–, no resulta inquietante para esta institución. Y es que, como explica Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), “la inmatriculación no da derecho a tener la propiedad de los bienes, simplemente los reconoce”.
“Hay que dejar muy claro –insiste Giménez Barriocanal– que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien”. Por ello, las diócesis aragonesas viven la polémica “con tranquilidad absoluta” y “argumentos jurídicos contundentes”. Lo único que piden al Gobierno, al igual que la CEE, es que el hipotético listado “se haga conforme a la Ley y atendiendo al principio de no discriminación”.
En especial, según la registradora Isabel de Salas, el Ejecutivo deberá tener en cuenta la Ley de Protección de Datos, que “protege la no difusión de datos patrimoniales de las personas físicas o jurídicas si no hay un interés legítimo y proporcionado para ello”.
La polémica surge porque el Reglamento Hipotecario, hasta la reforma de 1998, exceptuaba a la Iglesia católica de registrar sus lugares de culto, al considerar que su propiedad era notoria e indiscutida por posesión desde tiempo inmemorial.
Igualdad de condiciones
Sin embargo, lo que podía ser un privilegio, precisa De Salas, se había convertido en una “discriminación impropia para un estado democrático, fuera de la Constitución de 1978. No era una prohibición de inscribir, sino una expresión de la innecesariedad de hacerlo”.
Ante este escenario, apunta la experta, “una buena parte de los registradores entendieron que la excepción se había convertido, de hecho, en un precepto inconstitucional. Y, por ello, aceptaron, antes incluso de la reforma de 1998, la inmatriculación de catedrales, iglesias y ermitas por parte de las diócesis”.
Fuente de riqueza
Los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España aportan una riqueza cultural, educativa, religiosa y económica muy relevante al país. No en vano, un estudio publicado por la consultora PWC revela que dichos bienes aportan a la economia nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB).
Este alcance no sería posible sin el gran esfuerzo económico que supone la rehabilitación y el mantenimiento ordinario del patrimonio. Un ejemplo cercano de este compromiso es el de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza, que reabrirá sus puertas a finales de 2018 tras quince años cerrada y después de un minucioso proceso de restauración. Solo la última fase de las obras ha supuesto cerca de dos millones de euros, financiados a partes iguales entre el Arzobispado de la capital aragonesa y el Ministerio de Fomento.
Dinero público
Precisamente, una de las tesis del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) es que las restauraciones de muchos templos han sido financiadas con dinero público. Un hecho que viene determinado por el artículo 46 de la Constitución Española.
De la lectura de este precepto, se desprende que las administraciones han de garantizar el cuidado de los bienes de interés cultural, aunque su titularidad sea privada, como es el caso de los monumentos que pertenecen a la Iglesia.
Al propietario le corresponde el mantenimiento, pero también ha de contar con la colaboración del Estado, ya que estos monumentos redundan en el bien público: hacen de nuestras ciudades destinos turísticos de primer orden y esto supone trabajo, riqueza y promoción cultural.
