La irregularidad administrativa, que afecta a más de un 30% de las personas que Cáritas Zaragoza acompaña en sus parroquias y proyectos, es una cuestión en aumento. La destrucción de empleo y la condicionalidad de nuestro marco jurídico al mercado laboral está empujando a la irregularidad a muchas familias y personas migrantes.
El hecho es preocupante porque no estar regularizado deja a las personas afectadas en una situación de extrema vulnerabilidad. De hecho, es causa determinante de una mayor incidencia de la pobreza y la exclusión. Es un hecho que las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos.
Según el informe ‘Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular’, de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), mientras que en la población española la incidencia de la exclusión social es del 26%, el porcentaje se eleva hasta el 81% para las personas en situación administrativa irregular, es decir, una incidencia tres veces mayor.
La población de origen inmigrante continúa ocupando las peores posiciones sociales y económicas dentro de nuestra sociedad. En ese último peldaño es donde, precisamente, se encuentran las personas en situación administrativa de irregularidad.
Las consecuencias de un fenómeno de esta magnitud son tanto éticas como prácticas. Aunque el sistema español protege, sobre el papel, derechos fundamentales de todos los ciudadanos residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa, la realidad es que existen todo tipo de barreras prácticas en el acceso a la justicia, la salud o la educación.
Es una cuestión que nos preocupa en Cáritas, por lo que supone, pero también porque cada vez más personas se están viendo afectadas por esta situación de vulnerabilidad. El porcentaje de personas en situación de irregularidad atendidas en nuestra Cáritas, hace tres años, suponía solo un 22%; pero, según los últimos datos, supone ya un 32%, y va en aumento progresivo.
En porcentaje, parece que la cifra no preocupa, pero si hablamos de número de personas, dicha cifra se traduce en 3.000 personas que acuden para que Cáritas les ayude porque no pueden acceder a derechos básicos como la vivienda, el empleo, las prestaciones sociales o los servicios sanitarios, porque hay una traba administrativa que lo impide.
Consideramos que es fundamental hablar de las dificultades que atraviesan las personas en sus procesos de regularización y recordamos que determinadas iniciativas, como la ILP que promueve una regularización extraordinaria, demuestra que la población es capaz de acoger y acompañar.
