La coordinadora de las entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca, -entre las que se incluyen Cáritas, la Delegación de Pastoral Penitenciaria o la Obra Social Hijas de la Caridad-, ha manifestado su preocupación por la inminente supresión del subsidio de excarcelación en Aragón que pasará ahora a integrarse en el Ingreso Mínimo Vital. Para esta plataforma, este nuevo escenario conllevará la «desprotección» de estas personas que salen de la cárcel.
Según las entidades integradas en «Enlazados», este ingreso que hasta ahora se percibía en menos de dos meses desde la salida de la cárcel, pondrá en situación de riesgo a las personas que no tengan redes de apoyo «abocándolas a la exclusión social». En el comunicado, firmado por 15 asociaciones, se explica que en Aragón, la resolución del IMV llega aproximadamente un año después de la solicitud y tiene unos requisitos que son excluyentes para las personas que han sido privadas de libertad, sobre todo las de más edad y que han cumplido condenas muy elevadas.
Las organizaciones reclaman a las administraciones que tomen conciencia y asuman su responsabilidad «para no contribuir a generar nuevos núcleos de exclusión social». La puesta en marcha del Real Decreto ley 2/2024 del 21 de mayo por el cual se establece la supresión del subsidio, que depende del SEPE, estará vigente desde el 1 de noviembre.
