Que la libertad religiosa está en caída libre planetaria parece ser un hecho. Como casi en todo, los datos son tozudos. Y no lo digo yo, lo dice el XV Informe 2021 sobre libertad religiosa en el mundo que recientemente ha publicado Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde 1999 esta fundación pontificia publica a nivel internacional este informe que analiza el grado de cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo (196) y para todas las religiones.
Según el citado Informe, la población mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a la libertad religiosa. El 67% de la población vive en países donde se perpetran graves ataques a este derecho fundamental. La situación del continente africano empeora con preocupación por un incremento de la persecución.
La pandemia ha supuesto, en algunos países o continentes una estigmatización religiosa como causante de aquella, la justificación de la negación de la ayuda humanitaria a determinadas minorías y un incremento de yihadismo en aquellas zonas donde el control por los estados no existe y, también, en las redes sociales.
Pero además, y en ese punto también se ve reflejada la situación en el mundo occidental, el estudio refleja que el COVID-19 ha favorecido igualmente este deterioro. A aquellas situaciones de violencia ejercida sobre los creyentes de muchas confesiones, y que suenan a tambores lejanos, hemos de unir una que también hemos vivido en el occidente democrático, mucho más cercana: la limitación desproporcionada de la práctica y el culto.
Estas limitaciones responden a una visión reduccionista de la libertad religiosa, rebajada a derecho de segunda clase, y que, desde una óptica secular cuando no abiertamente laicista, pretende confinarla a la oscuridad de la conciencia de cada individuo o relegarla entre las paredes de iglesias, sinagogas o mezquitas.
Cuando los poderes públicos permiten mayores aforos en los centros comerciales que en las iglesias, sin razón sanitaria justificativa aparente, lo que revela es que en la ponderación de los derechos fundamentales que están puestos en juego se otorga mayor prevalencia a unos que a otros, quebrándose aquella igualdad fundamental en el ejercicio de los mismos.
Francisco ha puesto de manifiesto esta, digamos, “finezza” con la que el laicismo, bajo la piel de una aparente laicidad, introduce nuevas y soterradas formas de restricción religiosa. Se trata de una persecución que «se presenta disfrazada como cultura, disfrazada de modernidad, disfrazada de progreso: es una persecución —yo diría un poco irónicamente— educada». Ésta se reconoce «cuando el hombre es perseguido no por confesar el nombre de Cristo, sino por querer tener y manifestar los valores del hijo de Dios». Por lo tanto, es «una persecución contra Dios Creador en la persona de sus hijos» (Dos persecuciones, en Meditación en la misa matutina en la capilla de la Domus Sanctae Marthae, 12 de abril de 2016).
Un disfraz de modernidad que elogia una laicidad que pretende imponer un modus vivendi en la que los creyentes se condujeran en la vida ayunos de sus propias convicciones. Como si una democracia verdaderamente laica pudiera construirse sobre la negación a una parte de los ciudadanos de su libertad para buscar y aceptar la verdad sobre la realidad trascendente y conducirse en la vida en coherencia con ese encuentro.
