El juez ordena la “inmediata devolución” de las obras que las parroquias aragonesas reclaman desde 1995, cuando dejaron de formar parte de la diócesis de Lérida.
Casi siete meses después de la vista oral, celebrada en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro los días 16 y 17 de mayo, el juez Carlos Lobón dictamina en una sentencia de 80 páginas que los bienes en litigio son propiedad de las parroquias aragonesas y que solo están en Lérida a título de depósito. Por ello, ordena la “inmediata devolución” de las obras y desestima en su totalidad las demandas presentadas por el obispado de Lérida y el Consorcio del Museo.
El fallo, ante el que cabe recurso de apelación en un plazo de 20 días hábiles, supone un nuevo repaldo para el obispado de Barbastro-Monzón. “Nos dieron la razón canónicamente y ahora, civilmente, nos la vuelven a dar”, explica el obispo, D. Ángel Pérez Pueyo, con emoción contenida: “Estoy satisfecho por el deber cumplido, sobre todo, por haber podido defender a los más débiles, 43 pueblos que tenían retenido su patrimonio. Era el primer desafío al que como pastor, con mi equipo de gobierno, presbiterio y todo el pueblo, tenía que afrontar: devolver esa dignidad”.
Por su parte, el abogado de la diócesis, Joaquín Guerrero, manifiesta con alegría que “ya se ve el final del camino” y revela los pasos a seguir: “Una vez recurra la parte catalana, como ya ha anunciado, nuestra idea es solicitar la ejecución provisional, para que los bienes regresen a Aragón aunque la sentencia no sea firme todavía”.
Largo proceso
De esta forma, se terminaría una problemática iniciada en 1995, con la modificación de los límites de las diócesis de Lérida y de Barbastro, lo que suponía un cambio en la situación patrimonial de los bienes que habían sido trasladados desde las parroquias aragonesas hasta el Museo Diocesano de Lérida para su estudio y difusión.
De acuerdo con el decreto Illerdensis-Barbastransis de finium mutatione, de 15 de junio de 1995, el patrimonio de las parroquias aragonesas transferidas de la diócesis de Lérida debía retornar a las parroquias propietarias. Se inició así un largo proceso eclesiástico en el que, en diferentes instancias [la última fue el decreto definitivo del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica] se obligaba la devolución a tierras aragonesas.
Al no lograr ejecutarse lo dictado por la Iglesia y tras agotar todas las vías de diálogo posibles, el actual obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Pérez Pueyo, decidió acudir a los tribunales civiles como última alternativa para que se hiciera justicia.
